La mañana del 4 de noviembre, el ministro del Interior, Lương Tam Quang, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Identificación y Autenticación Electrónicas. Según el apartado 5 del artículo 23 del borrador, las transacciones en línea en once ámbitos —desde la banca, los valores y las telecomunicaciones hasta la asistencia sanitaria, el comercio electrónico y los activos criptográficos— deberán autenticarse mediante la identidad electrónica nacional y estar vinculadas a dicha identidad. Una única identidad electrónica que, sin embargo, podría convertirse en un requisito para acceder a toda una serie de servicios esenciales.
Cabe destacar que el ministro ha afirmado que la recogida de datos debe contar con el consentimiento del interesado, mientras que la exigencia de vincular la identidad en esos 11 ámbitos es de carácter obligatorio. Estas dos afirmaciones plantean una cuestión importante: ¿qué ocurrirá si los ciudadanos no aceptan la vinculación? ¿Podrán seguir realizando transferencias de dinero, comprando y vendiendo en línea, utilizando servicios de telecomunicaciones o accediendo a la asistencia sanitaria a través de Internet?
En la era digital, la identificación electrónica puede ayudar a reforzar la seguridad y a combatir el fraude. Sin embargo, la comodidad para la administración no significa que se pueda dejar de lado el derecho de elección de los ciudadanos. Si se afirma que el tratamiento de los datos requiere consentimiento, también debe explicarse claramente el derecho a negarse. Porque, si se dice que es voluntario sin saber si, al negarse, se podrá seguir realizando transacciones, los ciudadanos no podrán evitar la sensación de que se enfrentan a una elección en la que, en realidad, no tienen verdadero derecho a elegir.
