Cinco veces se solicitó el aplazamiento de la ejecución de la pena de prisión, cinco veces se utilizaron historiales médicos falsos y, en las cinco ocasiones, el tribunal lo aceptó. Un guion que parecía propio de una película de investigación ha vuelto a aparecer en un caso relacionado con una red dedicada a la falsificación de historiales médicos. Si bien estos aplazamientos han llevado a la opinión pública a cuestionar el proceso de revisión, los detalles que se esconden tras ellos son aún más llamativos.

Según la información facilitada, la red no solo cuenta con personas que falsifican directamente los documentos médicos, sino que también involucra a varios cargos que, en teoría, deberían velar por el respeto de la ley, entre ellos jueces, agentes de policía y el subdirector del Hospital Pulmonar. Cabe destacar que se sospecha que cada uno de ellos ha recibido hasta miles de millones de dong. Estos cargos, que suelen estar asociados a la responsabilidad y la confianza, aparecen ahora en un caso con indicios de grave enriquecimiento ilícito.
Lo que resulta amargo para la opinión pública es que los historiales médicos, creados en principio para acreditar el estado de salud, se hayan convertido ahora en una herramienta para retrasar la ejecución de las sentencias. Cinco veces se ha aprobado la ejecución de la sentencia y, en otras tantas, la puerta de la ejecución se ha vuelto a cerrar. Si las acusaciones se demuestran ante los tribunales, no se tratará simplemente de la falsificación de unos cuantos documentos, sino que se planteará un gran interrogante sobre la integridad de quienes tienen encomendada la aplicación de la ley.









